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Contraloría formula reparo por $164 millones y cuestiona financiamiento de Illapel Básquet

Un reparo por $164.917.391, el inicio de procedimientos disciplinarios y la remisión de antecedentes al Ministerio Público son las principales acciones derivadas del Informe Final N.º 620 de la Contraloría Regional de Coquimbo, que investigó el financiamiento municipal de Illapel Básquet durante los años 2024 y 2025.

El documento, recibido por la Municipalidad de Illapel y dado a conocer públicamente el 8 de octubre, surgió a partir de una presentación realizada por el concejal José Luis Núñez, quien el 8 de abril de 2025 solicitó antecedentes sobre la relación presupuestaria y administrativa entre el municipio y el equipo profesional.

Entre los principales hallazgos, el organismo fiscalizador observó $7.135.075 en pagos efectuados a nueve monitores, cuyos servicios no contaban con suficiente acreditación. Además, cuestionó el mecanismo utilizado para financiar el funcionamiento del equipo profesional, al concluir que el municipio y la Corporación Municipal de Deportes (CORDEP) carecían de facultades para sostener directamente a un equipo de estas características mediante la modalidad empleada.

El Illapelino

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|9 de octubre de 2026|7 minutos de lecturaAgregar El Illapelino
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Un reparo por $164.917.391, el inicio de procedimientos disciplinarios y la remisión de antecedentes al Ministerio Público son las principales acciones derivadas del Informe Final N.º 620 de la Contraloría Regional de Coquimbo, que investigó el financiamiento municipal de Illapel Básquet durante los años 2024 y 2025.

El documento, recibido por la Municipalidad de Illapel y dado a conocer públicamente el 8 de octubre, surgió a partir de una presentación realizada por el concejal José Luis Núñez, quien el 8 de abril de 2025 solicitó antecedentes sobre la relación presupuestaria y administrativa entre el municipio y el equipo profesional.

Entre los principales hallazgos, el organismo fiscalizador observó $7.135.075 en pagos efectuados a nueve monitores, cuyos servicios no contaban con suficiente acreditación. Además, cuestionó el mecanismo utilizado para financiar el funcionamiento del equipo profesional, al concluir que el municipio y la Corporación Municipal de Deportes (CORDEP) carecían de facultades para sostener directamente a un equipo de estas características mediante la modalidad empleada.

Contraloría cuestionó el destino de los recursos

De acuerdo con el informe, la iniciativa se justificó formalmente como un programa comunitario destinado a promover el básquetbol y activar las canchas vinculadas al proyecto “Sueño mi Barrio”, mediante talleres territoriales dirigidos a familias, niños, niñas y jóvenes.

Sin embargo, la Contraloría determinó que no se acreditó suficientemente la ejecución de las actividades comunitarias y los talleres deportivos que justificaban los programas aprobados. En cambio, los recursos se destinaron principalmente a financiar el funcionamiento del equipo profesional, incluyendo contrataciones de jugadores, integrantes del cuerpo técnico y otros prestadores, además de gastos de vestuario, publicidad, logística y participación en competencias.

El organismo también formuló observaciones sobre los procedimientos presupuestarios y administrativos utilizados para asignar los recursos, así como sobre la falta de mecanismos adecuados de supervisión y control.

El reparo por $164.917.391 corresponde a una acción de carácter fiscal y contable destinada a determinar las responsabilidades que procedan, conforme a la normativa. No constituye, por sí solo, una condena penal.

Municipio reconoce observaciones y anuncia medidas

En un comunicado público fechado el 8 de octubre, la Municipalidad de Illapel señaló que el informe contiene observaciones relacionadas principalmente con los procedimientos administrativos, los mecanismos de control y la forma utilizada para financiar el funcionamiento del equipo.

“Como municipio corresponde asumir estas observaciones, corregir los procedimientos que sean necesarios y determinar las eventuales responsabilidades administrativas”, sostuvo la declaración.

La administración comunal informó que ya había instruido un procedimiento administrativo y que se encuentra implementando medidas para fortalecer sus mecanismos de control interno.

El comunicado municipal también defendió el aporte deportivo de la iniciativa, señalando que Illapel Básquet permitió fortalecer la práctica de esta disciplina, desarrollar actividades formativas y representar a la comuna en competencias nacionales. Asimismo, indicó que durante la investigación entregó antecedentes sobre actividades vinculadas al proyecto y la participación de vecinos, familias, niños y jóvenes.

No obstante, reconoció que la Contraloría determinó la existencia de deficiencias administrativas y de control que deben ser subsanadas.

Concejal Núñez: “Fiscalizar el correcto uso de los recursos municipales”

El concejal José Luis Núñez explicó que su presentación ante los organismos de control respondió a su labor fiscalizadora y a las dudas que, según indicó, persistían respecto del financiamiento de la iniciativa.

“Yo no tengo ningún problema con el básquetbol en Illapel, con Illapel Básquet, con los jugadores, con los niños que practican este deporte ni con las personas que han trabajado para llevar a cabo esta disciplina en nuestra comuna”, afirmó.

La autoridad sostuvo que su responsabilidad era “fiscalizar el correcto uso de los recursos municipales” y explicó que decidió recurrir a la Contraloría “frente a las dudas que persistían y la falta de antecedentes suficientes para poder despejarlas”.

Tras conocerse el resultado de la investigación, Núñez recalcó que las conclusiones y las acciones derivadas del informe corresponden al organismo fiscalizador.

“Yo presenté estos descargos con la Contraloría, pero fue la Contraloría la que investigó. Yo no hice el informe, yo no determino un juicio de cuentas, yo no establezco responsabilidades administrativas, yo no envié los antecedentes al Ministerio Público. Fue la Contraloría General de la República la que hizo una investigación durante más de un año y emitió un informe final”, señaló durante el Concejo Municipal.

Antecedentes serán enviados a la Fiscalía de Illapel

La Contraloría anunció que remitirá los antecedentes al Ministerio Público para los fines que correspondan, considerando las situaciones detectadas durante la investigación especial.

Consultado sobre esta determinación, el alcalde Denis Cortés señaló a medios de la provincia de Choapa que el envío de antecedentes “es lo que hace habitualmente la Contraloría en estos procesos”.

Sin embargo, la remisión a Fiscalía responde a la decisión del organismo fiscalizador de poner los hechos en conocimiento del Ministerio Público para que sean evaluados dentro de sus competencias. Esta actuación no implica que exista una responsabilidad penal ya establecida.

El informe también contempla el inicio de un procedimiento disciplinario por parte de Contraloría y exige al municipio instruir un procedimiento específico por los pagos a monitores cuyos servicios no fueron suficientemente acreditados, debiendo informar su inicio dentro de un plazo de 15 días hábiles.

En relación con este punto, la investigación recogió antecedentes sobre la supervisión de los monitores contratados. Según el documento, la directora de Desarrollo Comunitario (DIDECO), Claudia Contreras Oñate, señaló que el control se basaba en la confianza depositada en quienes tenían a cargo esa labor.

La Contraloría consignó que la funcionaria no revisó ni acreditó que los servicios se hubieran realizado efectivamente y que su intervención se limitó a firmar documentos. Por ello, ordenó adoptar medidas para esclarecer los pagos observados y determinar las responsabilidades correspondientes.

El futuro de Illapel Básquet

Una de las principales consecuencias del informe es la instrucción de poner término al financiamiento cuestionado. La Municipalidad de Illapel y CORDEP deberán acreditar las medidas adoptadas dentro de un plazo de 60 días hábiles administrativos desde la recepción del documento.

Durante el Concejo Municipal, el alcalde Denis Cortés afirmó que “la iniciativa como la conoce termina”. No obstante, explicó que una eventual continuidad de Illapel Básquet tendría que considerar una personalidad jurídica distinta de CORDEP y mecanismos de colaboración que se ajusten a la legislación vigente.

La resolución no supone que la Municipalidad deba abandonar su función de fomentar el deporte y la recreación, sino que deberá hacerlo mediante mecanismos de financiamiento compatibles con sus atribuciones legales.

Por su parte, el concejal Núñez manifestó su respaldo a la continuidad del básquetbol y de las actividades deportivas comunitarias, siempre que se desarrollen conforme a la normativa.

“Yo quiero que sigamos teniendo básquetbol, quiero que nuestros niños sigan teniendo sus talleres, quiero que nuestras canchas estén llenas, quiero que tengamos deporte competitivo”, expresó.

Sin embargo, enfatizó que el desarrollo de estas actividades debe realizarse “con transparencia y con mecanismos de financiamiento que correspondan”.

Un proceso que continúa en distintas instancias

El caso tendrá nuevas etapas administrativas y legales. Por una parte, deberán esclarecerse las observaciones relacionadas con los pagos a monitores y determinarse las eventuales responsabilidades administrativas. Por otra, el reparo fiscal y contable seguirá su procedimiento correspondiente, mientras que el Ministerio Público evaluará los antecedentes que reciba.

La Municipalidad de Illapel sostuvo que la experiencia de Illapel Básquet deja aprendizajes tanto en el ámbito administrativo como deportivo y que su deber es corregir los procedimientos cuestionados, fortalecer los controles internos y continuar generando oportunidades para el desarrollo deportivo de la comuna.

De esta manera, el futuro del básquetbol competitivo en Illapel queda condicionado a la búsqueda de una fórmula institucional y financiera que permita mantener la actividad sin repetir las observaciones detectadas por la Contraloría.

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