Pagos sin justificar de al menos $35 millones detecta Contraloría en la Municipalidad

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Informe del entre fiscalizador reveló que hubo contratos y pagos a funcionarios por $13.838.305 sin justificación. Además, se advirtieron actividades realizadas que no se amparan a la jurisprudencia, por lo que se formulará el reparo pertinente por $35.315.683. Asimismo, se detectaron irregularidades en el pago de proveedores y la falta de documentación en esos procesos, todo en tiempo de campaña a la reelección del alcalde Denis Cortés.

Con la finalidad de fiscalizar la correcta utilización de los recursos públicos en periodo electoral, la Contraloría General de la República realizó un plan nacional para auditar los gastos y transferencias otorgadas por los municipios entre enero y septiembre de 2024.

Entre los objetivos específicos de las investigaciones realizadas, se analizaron las transferencias efectuadas por cada municipalidad al sector privado, detectando que no exista conflicto de intereses y que la finalidad del uso de estos recursos se ajuste a la norma y no tengan relación con actividades de campaña electoral ni con publicidad y/o difusión de estas.

En este sentido, se verificó que la municipalidad haya destinado sus recursos (humanos, físicos y tecnológicos), sus vehículos, dependencias y respectivas corporaciones a la realización de labores relacionadas a sus funciones y no a actividades de carácter político o electoral.

Lo que se encontró en el municipio

El entre contralor estableció que hubo contratos y pagos a funcionarios municipales por el monto total de $13.838.305 sin que se justifiquen los gastos señalados, ordenando un sumario administrativo para establecer responsabilidades.

Además, se advirtieron actividades realizadas por la entidad edilicia que no se amparan a la jurisprudencia, por lo que esta Entidad de Control formulará el reparo pertinente por $35.315.683.

Pero no es todo. Durante enero y septiembre de 2024, año electoral para elegir alcalde y concejales, la Contraloría detectó irregularidades sobre el pago de proveedores y la falta de documentación en expedientes de pago.

En tal sentido, el municipio deberá verificar la efectiva realización de las horas extraordinarias pagadas al personal a honorarios por un monto de $1.890.000.

“En caso de no acreditarse dichas labores, y previo traslado a los servidores involucrados, deberá requerir el reintegro de la suma mencionada y documentar este proceso en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR dentro de un plazo de 30 días hábiles, contados desde la total tramitación del informe. Si al vencimiento del plazo no se ha acreditado la ejecución del trabajo, el reintegro o la documentación presentada resulta insuficiente, se formulará el reparo correspondiente conforme a lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, sin perjuicio de lo indicado en su artículo 116.2″, señala el informe.

Respecto a la falta de acreditación de los servicios prestados, el municipio deberá presentar los antecedentes que justifiquen el gasto por un total de $13.838.305 y remitir la información documentada en un plazo de 30 días hábiles desde la recepción de la auditoría. Se advierte que “en caso de que no se logre acreditar la prestación del servicio o la documentación aportada sea insuficiente, se procederá a la formulación del reparo pertinente de acuerdo con la normativa aplicable”.

En relación con el cumplimiento de la jornada laboral, la Municipalidad de Illapel deberá comprobar la efectiva realización de la jornada de trabajo de una funcionaria cuya identidad se mantiene en reserva. De no acreditarse dicho cumplimiento, y previo traslado a la afectada, deberá requerir el reintegro de la suma de $1.771.796 y documentar este procedimiento en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la total tramitación del informe. Si al término del plazo no se acredita la ejecución de las labores, el reintegro o la documentación presentada resulta insuficiente, se formulará el reparo correspondiente conforme a lo establecido en la ley N° 10.336.4.

Catering Festival de la Voz y Abogado

Por otra parte, respecto a los servicios de catering para el Festival de la Voz de Oro, la entidad edilicia deberá remitir los antecedentes que acrediten las regularizaciones pertinentes, siempre que la normativa y jurisprudencia lo permitan.

Este proceso deberá ser acreditado a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR en un plazo de 30 días hábiles. En caso de no acreditarse o de resultar insuficiente la documentación aportada, se formulará el reparo pertinente por un monto de $9.367.900, conforme a lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, sin perjuicio de lo indicado en su artículo 116.5.

En cuanto a los gastos insuficientemente acreditados, asociados a los decretos de pago N° 2.124, por $788.970, y N° 4.165, el municipio deberá presentar antecedentes que justifiquen estos desembolsos. Dicha información deberá ser remitida documentadamente en un plazo de 30 días hábiles desde la recepción del informe final. Si la documentación es insuficiente o no se acredita el gasto, se procederá a formular el reparo pertinente de acuerdo con la normativa vigente.

Finalmente, en lo relativo a la contratación de un abogado bajo la cuenta contable 21-04-004, la Municipalidad de Illapel deberá instruir un procedimiento disciplinario con el fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de las situaciones observadas.

Para ello, deberá remitir el acto administrativo correspondiente a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Entidad de Control en un plazo de 15 días hábiles desde la recepción del informe.

Ver Informe Completo de Contraloría