Municipalidad de Illapel aclara su posición tras informe de Contraloría sobre funcionarios inhabilitados

La Municipalidad de Illapel emitió este martes un comunicado oficial para aclarar su situación tras ser mencionada en el último informe de la Contraloría General de la República, que da cuenta de funcionarios inhabilitados en organismos públicos del país.

En el documento, la entidad edilicia detalló que en el área de Educación cumple anualmente –en marzo– con la actualización obligatoria de certificados de antecedentes e inhabilidades para trabajar con menores, tal como lo establece la normativa vigente y las exigencias de la Superintendencia de Educación.

El municipio explicó que el caso referido en el informe corresponde a una inhabilidad sobreviniente, detectada durante una fiscalización periódica realizada por la Superintendencia de Educación en septiembre del año pasado. Esta situación involucraba a un docente que ya había presentado su renuncia y cuyo vínculo laboral con el municipio había terminado en junio, es decir, antes de la detección de la inhabilidad.

La Municipalidad señaló que, al momento de la actualización de marzo, el profesional no presentaba reparos en sus antecedentes, por lo que cumplía con todos los requisitos de idoneidad moral para ejercer en el sistema educativo municipal.

Según el comunicado, la Superintendencia de Educación, tras revisar los antecedentes del caso, concluyó que el sostenedor (municipio) cumplió correctamente con el proceso de idoneidad moral. El organismo dejó constancia de que no existió omisión ni incumplimiento por parte de la municipalidad, y que no hubo exposición de estudiantes a este funcionario una vez detectada la inhabilidad.

“La Municipalidad de Illapel reafirma su compromiso con la transparencia, la protección de los estudiantes y el cumplimiento estricto de la normativa educacional”, señaló la entidad en su comunicado.

El municipio destacó que mantiene sus protocolos de actualización de antecedentes y que continuará trabajando en coordinación con la Superintendencia de Educación para garantizar un entorno seguro para toda la comunidad educativa.