Comunales
Tribunal Ambiental revisará aprobación del proyecto Minera Tres Valles tras reclamación de agricultores del Choapa
El Primer Tribunal Ambiental acogió a trámite una reclamación presentada por la Cooperativa Agrícola de Colonización Illapel Ltda., junto a un grupo de agricultores de la provincia del Choapa, quienes buscan dejar sin efecto la aprobación ambiental del proyecto “Continuidad Operacional Minera Tres Valles”, iniciativa que contempla una inversión cercana a US$30 millones y prolongar sus operaciones por otros 11 años.
La acción judicial fue interpuesta en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), luego que este organismo rechazara los recursos administrativos presentados por la comunidad y mantuviera vigente la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable al proyecto.
Según los reclamantes, la iniciativa constituye una modificación sustancial de una faena minera previamente autorizada mediante un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), por lo que sostienen que debió ser nuevamente evaluada a través del mismo instrumento y no mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
El Primer Tribunal Ambiental acogió a trámite una reclamación presentada por la Cooperativa Agrícola de Colonización Illapel Ltda., junto a un grupo de agricultores de la provincia del Choapa, quienes buscan dejar sin efecto la aprobación ambiental del proyecto “Continuidad Operacional Minera Tres Valles”, iniciativa que contempla una inversión cercana a US$30 millones y prolongar sus operaciones por otros 11 años.
La acción judicial fue interpuesta en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), luego que este organismo rechazara los recursos administrativos presentados por la comunidad y mantuviera vigente la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable al proyecto.
Según los reclamantes, la iniciativa constituye una modificación sustancial de una faena minera previamente autorizada mediante un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), por lo que sostienen que debió ser nuevamente evaluada a través del mismo instrumento y no mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
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Entre los principales cuestionamientos planteados ante el tribunal figura la extensión de la vida útil de la mina hasta el año 2037, el cambio en los métodos de explotación y la eventual existencia de impactos ambientales que, a juicio de los agricultores, no fueron debidamente analizados durante la evaluación ambiental.
Asimismo, los reclamantes expresaron su preocupación por los posibles efectos que el proyecto podría generar sobre los recursos hídricos y los sistemas de Agua Potable Rural (APR) de la quebrada de Cárcamo, además de cuestionar que no se habrían considerado adecuadamente antecedentes técnicos elaborados por la Dirección General de Aguas (DGA) ni las observaciones formuladas por la ciudadanía durante el proceso de evaluación.
En su presentación, los agricultores solicitaron al tribunal dejar sin efecto tanto la resolución del SEA que rechazó sus reclamaciones como la autorización ambiental otorgada al proyecto. De manera subsidiaria, pidieron que la iniciativa sea sometida a una nueva evaluación mediante un Estudio de Impacto Ambiental actualizado, incorporando una línea de base completa, los impactos acumulativos y los antecedentes derivados de procedimientos sancionatorios instruidos por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
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Junto con la reclamación, también solicitaron la adopción de medidas cautelares para suspender temporalmente los efectos de la autorización ambiental mientras se resuelve el fondo del conflicto.
Tras admitir a trámite la causa, el Primer Tribunal Ambiental ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental remitir el expediente administrativo completo, acompañado de un informe técnico que fundamente la decisión adoptada por el organismo. Paralelamente, la magistratura analiza la solicitud de suspensión provisional de las obras, resolución que será emitida en las próximas semanas.
Proyecto busca extender operaciones en Salamanca e Illapel
El proyecto “Continuidad Operacional Minera Tres Valles”, cuyo titular es Compañía Minera Tres Valles SpA, se desarrolla en las comunas de Salamanca e Illapel, en la provincia del Choapa.
La iniciativa contempla continuar la producción de cátodos de cobre mediante la explotación de la mina subterránea Papomono y el procesamiento de mineral proveniente de terceros, utilizando instalaciones ya existentes que fueron aprobadas anteriormente mediante las Resoluciones de Calificación Ambiental N.° 264 de 2009 y N.° 148 de 2019.
El plan considera una inversión estimada de 30 millones de dólares y una vida útil adicional de 11 años, con operaciones previstas hasta el año 2037, aspecto que hoy es objeto de controversia ante la justicia ambiental.
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