Contraloría detecta nuevo incumplimiento a la ley sobre registro de personal municipal a honorarios

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Según el organismo fiscalizador, la Municipalidad de Illapel no cumplió con la obligación legal de informar sobre el personal al sistema de control, SIAPER, vulnerando la Ley N°18.695. Por otra parte, la administración municipal bloqueó sus redes sociales oficiales impidiendo que la ciudadanía pueda comentar su defensa sobre irregularidades informadas por el mismo entre fiscalizador, lo que está prohibido.

Aunque la ley N° 18.695 obliga a los municipios a informar a la Contraloría General de la República sobre los actos administrativos para ser registrados sobre su personal en el sistema de control del organismo fiscalizador, se detectó múltiples casos en que no lo cumplen.

A través de un detallado análisis de los datos del Sistema de Información y Control de Personal de la Administración del Estado (SIAPER), la CGR emitió el séptimo Consolidado de Información Circularizada (CIC), que identificó que más de 106 mil funcionarios municipales, en todo el país, que no están registrados en dicha plataforma, pese a que de igual forma recibieron una renta u honorarios de una municipalidad entre 2022 y 2023.

Para llegar a estos resultados, la Contraloría desarrolló dos estrategias a fin de verificar el cumplimiento de este deber municipal: el Plan de Monitoreo y Control Municipal, además de un análisis comparativo de datos (cruce de datos) entre las Declaraciones de Renta presentadas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) y SIAPER.

En la primera estrategia, se especifica que de las 345 municipalidades a nivel nacional, 231 han respondido correctamente al trámite. De los actos administrativos informados por las entidades edilicias, un 43% no están registrados en la plataforma SIAPER, siendo Arica, Caldera y Huara los municipios con la mayor cantidad de actos no registrados.

Asimismo, respecto del análisis de declaraciones al SII y registros en la plataforma SIAPER, se constató que más de 106.000 personas no están registradas en el Sistema de Información y Control de Personal de la Administración del Estado, pese a que recibieron rentas u honorarios de una municipalidad durante 2022 y/o 2023. En ese sentido los municipios de Santiago, Talcahuano y El Bosque, son los que lideran el ranking de personas no registradas.

El caso de Illapel

Respecto a la Municipalidad de Illapel, la Contraloría la ubica en el lugar 11 nacional de los municipios con mayor cantidad de personas no registradas. En este sentido, el órgano contralor los clasifica en 378 personas con eventuales designaciones y a 839 personas que recibieron eventuales honorarios y que no fueron informados al sistema de registro SIAPER, que tiene el carácter de obligatorio por ley.

Declaración Pública y Bloqueo de Redes

Por otra parte, la Municipalidad de Illapel emitió un Comunicado difundido por la página oficial del ayuntamiento en la red Facebook el pasado 1 de mayo, con motivo del Informe N°893 de 2024 de la Contraloría, la que determinó que durante el proceso electoral para las elecciones de alcalde y concejales pasada, entre enero y septiembre de 2024, hubo al menos $35 millones de pagos sin justificar. (Ver Nota Relacionada)

En este sentido, en el Comunicado se hacen los descargos respectivos y se enfatiza que “con respecto a las publicaciones de los medios de comunicación y redes sociales, que han entregado información imprecisa o fuera de contexto, la Municipalidad declara que no se ha incurrido en ninguna contratación irregular ni se han vulnerado normativas relacionadas a procesos electorales, como algunos titulares podrían inducir erróneamente”

La defensa corporativa del municipio de responsabilizar a los medios de comunicación de confundir a la comunidad, sin embargo, no tiene ningún sustento. Solo hay que ingresar a la página oficial de la Contraloría General de la República donde se puede leer claramente: “Durante período electoral: Contraloría advierte irregularidades en varios municipios del país”. Entre ellos, está Illapel.

Luego de la publicación del Comunicado, el administrador del Facebook Oficial del municipio decidió restringir quiénes pueden publicar comentarios tras una serie de 17 posteos de la comunidad dando a conocer graves acusaciones, entre ellas, de borrar comentarios negativos.

Al respecto, tanto la restricción, bloqueo de personas y la eliminación de comentarios está expresamente prohibido en varios pronunciamientos de la propia Contraloría, ya que se trata de una cuenta oficial de un órgano del Estado, que se utilizada con recursos fiscales (administrador, computador, teléfono celular, internet, cámara fotográfica y/o video). En este tipo de denuncias, generalmente se sanciona al administrador y se ordena el desbloqueo y el término de la eliminación de comentarios o restricciones.

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